La rapiña ya es delito grave en Guerrero; podrías pasar 6 años en prisión
El Congreso de Guerrero tipificó como grave el delito de rapiña, con penas de hasta 6 años de cárcel en contextos de desastres naturales
A dos años del paso del huracán Otis, que dejó severos daños en Acapulco y marcó uno de los episodios más difíciles en la historia reciente del puerto, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformas al Código Penal para sancionar con penas de hasta seis años de prisión a quienes cometan actos de rapiña durante contingencias y desastres naturales.
El huracán Otis no solo devastó viviendas, hoteles y comercios, también dejó imágenes que recorrieron el país: cientos de personas saqueando supermercados y tiendas departamentales en medio del caos. Aquellas escenas, que evidenciaron la falta de control y respuesta inmediata, derivaron en un amplio debate sobre la necesidad de sancionar penalmente estos actos.
En ese contexto, el gobierno federal y estatal emprendieron una reconstrucción histórica en Acapulco, con una inversión millonaria que, a la fecha, sigue inconclusa. Sin embargo, el fenómeno social que acompañó la tragedia la rapiña masiva dejó también una lección en materia de justicia y seguridad pública.
La propuesta se presentó por los diputados Jesús Urióstegui García y Héctor Suárez Basurto presentaron la iniciativa que fue aprobada por mayoría, y que tipifica el delito de rapiña en los artículos 224 Bis y 227 Bis del Código Penal estatal.
La pena será de dos a seis años de prisión, además de multas e inhabilitación en caso de que participen servidores públicos, quienes podrán ser separados del cargo por un periodo igual al de la condena.
La reforma establece que este delito se configura cuando una persona aprovecha la confusión o vulnerabilidad derivada de una catástrofe de origen natural, sanitario o antropogénico como huracanes, inundaciones, incendios o accidentes, para apoderarse de bienes ajenos.
Tras el paso de Otis, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) reportó el cierre definitivo de al menos 480 establecimientos en Acapulco a consecuencia de los saqueos, lo que derivó en la pérdida de más de 12 mil empleos. Las afectaciones se extendieron a microempresarios, cadenas de suministro y comercios locales, muchos de los cuales no lograron recuperarse.
Un año después, en 2024, con el impacto del huracán John, se registraron nuevos intentos de saqueo en colonias de la zona poniente del puerto, pese a los operativos de contención implementados por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En octubre de 2025, al cumplirse dos años del paso de Otis, el recuerdo de aquellos hechos sigue presente en la memoria colectiva. Aunque el proceso de reconstrucción avanza lentamente, el Congreso local busca ahora cerrar el ciclo de impunidad y sentar un precedente legal que sancione con severidad los actos de rapiña, considerados por las autoridades como una segunda ola de daño tras la tragedia natural.
Con esta medida, los legisladores guerrerenses pretenden enviar un mensaje de legalidad y orden, ya que los desastres naturales no deben convertirse en oportunidad para el saqueo, sino en prueba de solidaridad y responsabilidad colectiva.
