Caso Francisco Ortiz Franco, FGR lo abandona y Fiscalía lo olvida

El 22 de junio de 2004 fue asesinado el editor del semanario Zeta, las pruebas acusan al Cártel de Tijuana con la complicidad de funcionarios de la fiscalía estatal; la CNDH y la FGR han cerrado los expedientes y la justicia dependería de autoridades que el propio periodista denunció.

El automóvil de Francisco Ortiz Franco era azul, un compacto cómodo y modesto. Tras sentar a dos de sus hijos en la parte trasera, el editor del Semanario Zeta de Tijuana se sentó frente al volante y al momento de colocarse el cinturón de seguridad se escucharon las detonaciones, al menos cuatro. En menos de 30 segundos estaba muerto. Los sicarios estaban entrenados, lo habían vigilado y lo atacaron cuando fue más vulnerable.

Su crimen no sólo confirmó que sus reportajes pusieron al descubierto el ADN del Cártel de Tijuana, sino que sus tentáculos se infiltraron en la entonces Procuraduría de Justicia del estado (ahora fiscalía), en donde hasta ahora no han avanzado las investigaciones.

Pero los 17 años de impunidad en la que se mantiene el caso de Ortiz Franco también es responsabilidad de la ahora Fiscalía General de la República (FGR), en donde fue radicado el caso en 2014, meses después del asesinato. Y lo mismo que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, que han sido notificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el procedimiento que se sigue contra el Estado mexicano ante el organismo por la ausencia de justicia, y hasta la fecha no han ofrecido pruebas de algún avance.

“Hay una falta de capacidad por un lado y hay una complicidad, por otro lado, de las autoridades, de los ministerios públicos encargados de estas investigaciones que lo mantienen en la impunidad el caso de Francisco, como muchos otros”, aseveró en entrevista Adela Navarro, directora del Semanario Zeta y amiga del periodista, quien advirtió que cada año que pasa se suma el nombre de cada presidente de la República y gobernador que no resuelven este caso.

La viuda del periodista, Gabriela Ramírez González, denunció en entrevista que después de 2014 ninguna autoridad se ha acercado a ella.

“La única vez (que se comunicaron las autoridades) fue al segundo día que pasó el hecho de Francisco. Vino un ministerial por mí para llevarme al Ministerio Público y declaré allí; hice una declaración como víctima, pero de allí en fuera jamás de los jamases me han hablado para preguntarme cómo estoy, para decirme que están investigando. Y acudí una vez para pedir copia del expediente porque me lo estaban pidiendo para unos trámites, y hasta allí me enteré lo que había en el expediente y lo que habían investigado.

“Y la declaración que hice no la hice ante el Ministerio Público, la entrevista me la hizo un ministerial que tenía a cargo la investigación”, afirmó.

La Alianza de Medios Mx documentó, en exclusiva, que a pesar de existir pruebas de que el crimen fue cometido por integrantes de la delincuencia organizada, la FGR desechó el caso y ahora sólo está en manos de la Fiscalía General del estado de Baja California (FGEBC), la misma dependencia que Francisco Ortiz Franco exhibió en torno a la complicidad con grupos criminales.

Los documentos que, por primera vez se exhiben, muestran las respuestas a las solicitudes de transparencia que presentó este consorcio de medios para conocer el estado que guardan los expedientes federales y locales, y que confirman de manera oficial que sólo permanece abierto el legajo a nivel local y del cual, por estar “abierto” y en “investigación”, después de más de 17 años.

Los dos autores intelectuales posiblemente responsables del crimen son Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo, y Arturo Villarreal Heredia, El Nalgón. El primero, uno de los principales líderes del Cártel de Tijuana, y el segundo su amigo y sicario, ambos detenidos y sujetos a proceso en Estados Unidos en 2006.

A pesar de permanecer detenidos en aquel país, las autoridades mexicanas no los han interrogado por el crimen del periodista.

“El expediente en sí, no tiene nada”, afirmó Ramírez González, y añadió: “Hay mucha frustración porque verdaderamente no se sabe nada, nada, nada. Sí da frustración, da coraje y mucho temor”.

En eso coincidió Adela Navarro: “Los avances que se hicieron en la investigación, incluso se proporcionan nombres de los principales sospechosos, las principales líneas de investigación, se hicieron en tres meses que el caso estuvo en la entonces Procuraduría General del estado de Baja California, luego transcurrido ese tiempo, la PGR ejerció su facultad de atracción.

“Pero si en lo local no avanzan las investigaciones por incapacidad o complicidad, ahora imagínate a casi tres mil kilómetros de distancia; hacer diligencia desde la Ciudad de México hasta Tijuana, hasta donde nosotros supimos no hubo tales diligencias, no hubo encargos a la delegación de la PGR para que avanzara, a eso se debe la impunidad en el caso de Francisco, incapacidad e impunidad”.

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